El 12 de noviembre del pasado 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma en materia de subcontratación, misma que pretende atenuar los efectos negativos de la reforma laboral impuesta en el año 2012 por el pacto entre el gobierno saliente de Felipe Calderón (PAN) y el entrante de Enrique Peña Nieto (PRI). Dicha iniciativa no fue aprobada debido a las presiones del sector empresarial, sin embargo, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, ha anunciado que la discusión y aprobación se realizaría en el actual periodo legislativo. Ante los desacuerdos de la patronal, habría que preguntarnos si esta reforma realmente significa ir a fondo en la lucha contra el outsourcing cuando, como ha sido ya denunciado por referentes del sindicalismo independiente, como la Nueva Central de Trabajadores, la voz de las y los trabajadores no ha sido incorporada a los debates.
Las siguientes líneas pretenden ser una contribución al debate y resulta necesario decir que son producto de la reflexión colectiva y, particularmente, de los diálogos establecidos entre las y los compañeros de la OPT Jalisco en entrevista para Forjando Futuro con Luis Bueno Rodríguez, académico e incansable militante sindical del llamado mundo del trabajo.
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO NOS REFERIMOS AL OUTSOURCING?
Ha sido en los últimos años que el término outsourcing se ha ido extendiendo como parte de las transformaciones laborales promovidas por el neoliberalismo. En México y en el mundo se usan distintos términos para referirse al outsourcing, de todos, en nuestro país el más extendido es el de “subcontratación”, que es el que aparece en la jurisdicción (LFT), sin embargo, esto sólo hace referencia a una parte. En términos generales, podemos entender como outsourcing la práctica de proveerse de fuentes externas para realizar determinado trabajo, renunciando a la responsabilidad laboral existente en la relación capital-trabajo; es decir, es el desprendimiento de responsabilidades por parte del patrón hacia los trabajadores, que tienen que ver con prestaciones, compromisos laborales o incluso pago de impuestos. En algunos de los casos se utiliza a un intermediario que es quien asume los compromisos obrero-patronales, como son las famosas empresas de contratación o de “capital humano” (en México existen al menos 900 de ellas, de las cuales, cabe decir, sólo 40 pagan impuestos), pero no siempre ocurre esto, pues el outsourcing puede expresarse también en la forma contractual: se establecen contratos diversos en los que se evade el cumplimiento de los derechos laborales. En el fondo, lo que tenemos, es un deslizamiento de la relación laboral a una relación comercial. La compra-venta de la fuerza de trabajo (el “alquiler” que hacen los capitalistas de nuestra capacidad de trabajar, convertida ésta en mercancía) se disfraza de diversas maneras con el único fin de aumentar las ganancias del empleador, simulando que no es empleador alguno. Este fenómeno, necesariamente, conlleva un incremento en la precarización y en la indefensión en la que se encuentran el trabajador o trabajadora.
En el proceso de “evolución” del outsourcing, es posible identificar tres momentos: En una primera etapa, las empresas buscan “descentralizar” las actividades que no son la principal. En una segunda etapa ya también la actividad principal se “terciariza”. Un ejemplo de esta es la industria maquiladora, en la que la mayoría de las y los trabajadores se encuentran subcontratados (datos del Centro de Reflexión y Acción Laboral arrojan que en este sector el outsourcing se extendió en alrededor de un 80% desde el 2012). Finalmente, un tercer momento haría referencia a esas empresas que nacen “delgadas”, es decir, que no pasan por ese proceso de reducir la plantilla laboral debido a que ya “externalizaron” el conjunto de sus actividades.
Las modalidades en que puede expresarse esta renuncia de responsabilidades laborales hacia las y los trabajadores son diversas. No sólo nos referimos a la subcontratación realizada por empresas intermediarias, sino, por ejemplo, a los llamados trabajadores de confianza que, muchas veces, realizan las mismas labores que un trabajador de base sin tener los mismos derechos; también a la existencia de sindicatos que operan como empresa de colocación de personal; o a formas aún más disfrazadas como es el llamado trabajo por cuenta propia (que, generalmente, en realidad sí se encuentra subordinado a tiempos, costos y modos de una empresa), la prestación de servicio social o los llamados becarios. Caso emblemático de este último es el del programa “Jóvenes Construyendo Futuro”, sobre el que hay múltiples testimonios de cómo las y los jóvenes realizan labores como cualquier otro trabajador o trabajadora, pero sin una relación obrero-patronal y todas las prestaciones y condiciones salariales que ella implica. Finalmente, otra de las formas puede ser la subcontratación periférica, en la que resalta el caso de la CFE, empresa que delega el desarrollo de actividades varias a otras empresas trasnacionales o abiertamente subcontratistas.
LA INICIATIVA DE REFORMA DEL GOBIERNO DE AMLO.
Entendiendo que hablamos de un fenómeno complejo es que podemos observar que la iniciativa de reforma presentada por el actual gobierno intenta revertir algunos aspectos de la reforma del 2012, que tuvo como eje la legalización y promoción de la práctica de la subcontratación, bajo el argumento de la generación de empleos y del otorgamiento de facilidades para las empresas: En realidad se trataba de poner a tono a México, que había retrasado una reforma laboral que ya había sido impuesta en prácticamente todo América Latina, con el sistema laboral neoliberal. Hoy podemos afirmar (amparados en múltiples estudios) que el outsourcing ha resultado en el principal promotor de la precarización laboral de las y los trabajadores en México, con efectos especialmente adversos para jóvenes (la población trabajadora de 18 a 28 años representa el 42.2% en los esquemas de subcontratación) y mujeres.
En ese sentido, quizás la virtud de la reforma de AMLO es haber vencido las resistencias a discutir las problemáticas laborales. Sin embargo, no aborda la totalidad de sus expresiones, sino únicamente la parte relacionada más directamente con la subcontratación. Sin embargo, este tampoco es el principal problema, sino que, nuevamente, las y los trabajadores no estamos siendo tomados en cuenta. Se atienden, en todo caso, los reclamos del empresariado (es por eso que no ha sido puesta a discusión parlamentaria), pero no del sindicalismo, en términos generales, y menos del sindicalismo independiente.
Es por eso por lo que, todo indica, tendremos nuevamente una ley aprobada sin que las y los protagonistas sean tomados en cuenta, lo que puede augurar un fracaso y una continuidad en los procesos de precarización del trabajo, de por sí escandalosos.
Como respuesta, la Nueva Central de Trabajadores ha echado a andar sus esfuerzos para impulsar, en conjunto con aquellas organizaciones sociales, política y sindicales que coincidan en ello, una campaña que integre, por lo menos, los siguientes puntos: 1) La exigencia de un amplio y democrático diálogo social sobre el tema. No pueden ser únicamente la patronal y las viejas estructuras del sindicalismo corporativo quienes expongan sus puntos de vista. 2) Buscar la prohibición de cualquier modalidad de outsourcing que atente contra los derechos laborales individuales y colectivos. 3) Cualquier reforma debe partir del completo respeto a la relación obrero-patronal, en la que el sindicato sea la figura central, pues ésta no puede ser obviada trasladando la relación colectiva a una individual. Las y los trabajadores tenemos todo el derecho a hacernos escuchar y a luchar contra todas las formas de trabajo precario, sin ello, no será posible hablar de verdaderas transformaciones.
Finalmente y en sintonía con lo anterior, del 19 al 24 de abril se impulsará una Consulta Nacional por la prohibición del outsourcing y por el rescate de la soberanía energética. ¡Participa!
OPT Jalisco 